La economía real está subordinada a los intereses del capital financiero. Pequeñas y medianas empresas sin acceso al crédito, familias sobreendeudadas, bancos que desatienden la producción y se especializan en el tráfico de activos financieros de carácter especulativo, Estados condicionados por su deuda externa, calificadoras de riesgo que continúan direccionando flujos financieros pese a su demostrada incapacidad para anticipar las crisis, empresas controladas por fondos financieros globales sin compromiso con el desarrollo del territorio donde están insertas: son todas facetas de un mismo y complejo fenómeno que algunos han llamado la financiarización de la economía.
La rentabilidad del capital se disocia de los circuitos locales de producción y consumo para sostenerse en la apropiación de la renta financiera.
Este fenómeno global, que jaquea familias, empresas y naciones, requiere respuestas en tres niveles.
Hay que discutir la arquitectura global del sistema financiero, para que las naciones recuperen el control hoy en manos del capital financiero globalizado.
Hay que lograr regulaciones en cada espacio nacional que recuperen el carácter de servicio del sistema financiero, garantizando su subordinación a los objetivos de desarrollo sostenible.
Y, finalmente, hay que fortalecer a la sociedad civil de cada localidad, para que pueda reconstruir el vínculo entre el ahorro local y la inversión local, como fundamento de una economía equilibrada e inclusiva.
Las cooperativas son las únicas empresas que por trayectoria y escala pueden impulsar esta agenda en los tres niveles.
La crisis que desnudó al sistema financiero
El estallido de la burbuja inmobiliaria del 2008 mostró a escala global las enormes debilidades del sistema financiero. Los bancos centrales no contaron con instrumentos para hacer frente a la crisis, las prácticas de titularización de deudas se mostraron como irresponsables y el sistema en general demostró una fuerte irracionalidad en la toma de decisiones.
La financiarización en tanto proceso que intenta reducir cualquier producto del trabajo o servicio a un instrumento financiero intercambiable, en un marco de desregulación del sistema financiero, terminó mostrando la peor de sus caras en terreno de las hipotecas.
Bancos que no investigaron adecuadamente a quienes suscribían las hipotecas, que luego, apenas suscriptas, eran titulizadas por instituciones financieras que todos prefirieron suponer que sabían lo que hacían porque actuaban según “el mercado”, mientras las calificadoras de riesgo no pudieron, no supieron o no quisieron alertar sobre los verdaderos riesgos. Fueron todos componentes que desataron una profunda crisis financiera, que devino en la peor crisis económica internacional desde 1930 y cuyas consecuencias estamos pagando aún hoy, diez años después.
Paradójicamente, cuando el consenso dominante era la desregulación y la confianza en la racionalidad de los mercados, tuvieron que salir los Estados a apagar el incendio, transfiriendo enormes volúmenes de recursos al sistema que había sido responsable del estallido de la crisis.
Sin que se escucharan voces escandalizadas de parte de los voceros del neoliberalismo por esta injerencia de los poderes públicos, inicialmente se dispuso un enorme volumen de crédito a tasas de interés casi nulas para el fondeo de los bancos, luego se canalizaron fondos públicos para que absorban las pérdidas originadas en las hipotecas, se garantizaron depósitos y se aseguró a los grandes bancos que no tendrían que soportar quiebras –al tiempo que se los impulsó a adquirir a los más pequeños– y los Estados sostuvieron el gasto público para compensar la caída de la demanda privada.
Sin embargo, todo fue hecho sin impulsar ningún cambio significativo en las regulaciones y sin ningún tipo de condicionamiento a los grandes actores del sistema financiero.
Las debilidades del sistema financiero quedaron al desnudo, mientras que la economía real, los Estados y los pueblos del mundo sufrieron las consecuencias.
El diagnóstico y las propuestas de la ONU (Comisión Stiglitz)
El diagnóstico y propuesta oficial frente a la crisis fue el elaborado por la Comisión de Expertos sobre las Reformas del Sistema Financiero y Monetario Internacional, convocada en 2009 por Naciones Unidas, habitualmente conocida como Comisión Stiglitz: “Esta crisis económica y financiera mundial sin precedentes requiere una respuesta global sin precedentes. No sólo de parte del G-7, G-8, G-10, o G-20, sino de absolutamente toda la comunidad internacional, el denominado «G-192».
Según sus integrantes, prestigiosos economistas de todos los continentes, se requerían respuestas políticas y democráticamente consensuadas que superaran los pasillos de los organismos financieros internacionales, como el FMI o el Banco Mundial. Lejos de las habituales recomendaciones de ajuste, la comisión sostuvo que “resulta imperativo que todos los países desarrollados tomen medidas efectivas para estimular sus economías”.
Asimetrías. Fue significativo el señalamiento que la Comisión realizó sobre las asimetrías existentes entre los países desarrollados y en desarrollo. Sostuvo que “aún políticas simétricas pueden tener efectos asimétricos: las garantías proporcionadas a las instituciones financieras en los países desarrollados pueden no ser efectivamente equiparadas por los países en desarrollo”. Y afirmó que “el hecho de que alguna vez hayan existido condiciones parejas para todos puede llegar a debatirse, el hecho de que ya no existen más, no. Incluso el hecho de saber que podrían recibir un rescate si las cosas salen mal les otorga a las empresas en los países industriales avanzados una notoria ventaja: pueden tomar riesgos que los países más pobres no pueden tomar. Esto subraya la falta de coherencia entre los acuerdos, políticas y marcos financieros y macro globales y aquellos que rigen el comercio”.
Gobernabilidad. También señaló los severos problemas de gobernabilidad de las instituciones multilaterales, donde no están adecuadamente representados todos los países y que por lo tanto resultan ineficaces para promover una política de financiamiento internacional que se haga cargo de las asimetrías.
Banca Regional. Frente a ello planteó la necesidad de crear en el corto plazo un nuevo servicio crediticio dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI), o del Banco Mundial o de los bancos de desarrollo regionales o subregionales, señalando que “estos nuevos servicios deberían contar con gobernabilidad propia, reflejar los principios democráticos y contar con una representación más fuerte de los países en desarrollo. Estos nuevos criterios en materia de gobernabilidad podrían servir de modelo para futuras reformas de las instituciones multilaterales”.
Políticas anticíclicas. Estos fondos, remarcaron en la Comisión, deben canalizarse “sin las condicionalidades habituales, especialmente aquellas que obligan a estos países a seguir políticas procíclicas o a adoptar los tipos de políticas regulatorias o monetarias que contribuyeron a la crisis actual”.
Revisar regulaciones. Finalmente, la comisión también señaló la necesidad de revisar las políticas regulatorias. Frente al “fracaso de las políticas regulatorias de Estados Unidos y otros países industriales avanzados” sugirió incluso “aprender lecciones de aquellos países en el mundo desarrollado y en desarrollo que han evitado la inestabilidad”.
En síntesis: la propuesta de la comisión fue democratizar los organismos multilaterales, tomar nota de las asimetrías entre países desarrollados y en desarrollo, proveer abundantes fondos financieros no atados a las condicionalidades habituales, promover los bancos regionales y revisar las políticas regulatorias.
Todo ello implicaría un cambio drástico en los paradigmas que diez años después aún son dominantes en el FMI y en la mayoría de los bancos centrales.
Fondo Buitres y cooperativismo
En el contexto de financiarización de la economía, los Estados nacionales han visto reducida enormemente su autonomía por los condicionantes que impone el capital financiero concentrado a través de la deuda externa. Argentina ha sido uno de los países emblemáticos en este sentido.
Luego de la profunda crisis del 2001, originada en políticas que apuntaban a la libertad del capital financiero como motor de la inserción económica nacional –políticas que, es necesario señalar, eran respaldadas por los organismos internacionales– este país tuvo que encarar un complejo proceso de refinanciación de la deuda que finalmente resultó exitoso por una convicción compartida por deudores y acreedores: nadie puede pagar su deuda si está muerto.
Saneamiento de la situación financiera y desarrollo social y económicamente sostenible son dos caras de un mismo proceso cuando se habla de países. Las empresas pueden quebrar y los acreedores quedarse con su patrimonio, pero este no es el caso de los países. No sólo es inmoral: es económica y políticamente inviable impedir el desarrollo de los pueblos como estrategia para resolver los problemas financieros.
La enorme mayoría de los acreedores así lo comprendió. Pero no todos. Una minúscula fracción, con la complicidad de un marco regulatorio permeable a los intereses de la especulación, terminó imponiendo sus intereses y jaqueó el proceso de renegociación de la deuda soberana argentina.
Cooperativas de las Américas. La gravedad de esto fue tal que Cooperativas de las Américas, en representación del cooperativismo del continente, hizo público un enérgico comunicado donde se evaluaba que el “conflicto jurídico entre la República Argentina y fondos de carácter especulativo que se niegan a entrar en el proceso de reestructuración de su deuda externa deja en evidencia la fragilidad del sistema financiero internacional, ya que no brinda un marco adecuado para posibilitar reestructuraciones de deuda soberana que resultan imprescindibles para alcanzar una salida social y económicamente sustentable de cualquier crisis de alcance internacional” ((Declaración aprobada en la LVI Sesión del Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas, Regional de la ACI, reunido en Chapadmalal, Argentina, el 21 y 22 de agosto de 2014.))
Lo relevante es que, más allá de sumarse a todos los repudios internacionales que suscitó esta situación, en este comunicado se propuso la creación de “un Comité Cooperativo para un sistema financiero internacional al servicio del desarrollo” en el marco de la Alianza Cooperativa Internacional, que pudiese, entre otros objetivos, “proponer iniciativas para modificar las normas e instituciones del sistema financiero internacional, desde la perspectiva de los principios y valores cooperativos”.
Se incorporaba así en la agenda del cooperativismo la necesidad de acompañar activamente propuestas de modificación de la arquitectura global del sistema financiero como requisito para poder construir economía dentro de los principios y valores que caracterizan a nuestro movimiento. Este tema fue parte del debate en el proceso de renovación de autoridades de la Alianza Cooperativa Internacional en noviembre de 2017 y forma parte de su agenda de trabajo desde hace dos años.
La Argentina, la ONU… y de nuevo la Argentina
Argentina. Los problemas enfrentados en la reestructuración de la deuda soberana de la Argentina fueron paradigmáticos a la hora de desnudar la irracionalidad de un sistema que cerraba cualquier salida sostenible de la situación provocada por los desequilibrios del mercado financiero y por las propias recomendaciones de los organismos multilaterales.
La ONU. Por ello, por iniciativa argentina y con el acompañamiento del G77 + China, la Asamblea de Naciones Unidas aprobó la Resolución A/RES/69/319 donde se establecen Principios básicos de los procesos de reestructuración de la deuda soberana, más conocida como la resolución de la ONU contra los fondos buitre.
Estos principios se apoyaron en el informe elaborado por el Comité Especial sobre los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, que había sostenido que “la incapacidad de la comunidad financiera internacional para prevenir o resolver sin demora los problemas de la deuda a medida que surgen resulta cara desde el punto de vista financiero y genera rápidamente pérdidas en materia de desarrollo, en ámbitos en los que se había progresado a duras penas. Esta situación menoscaba de manera crucial la capacidad de un país para seguir la senda del desarrollo sostenible”.
Entre estos principios se incluyen transparencia, imparcialidad, trato equitativo a todos los acreedores, inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuraciones, necesidad de garantizar el crecimiento económico sostenido e inclusivo. Se agrega que “la reestructuración mayoritaria implica que los acuerdos de reestructuración de la deuda soberana aprobados por una mayoría cualificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, amenazados o entorpecidos en modo alguno por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores, que deberán respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores”, tema este último directamente vinculado al origen del conflicto argentino en los tribunales de Nueva York.
El voto en minoría contrario a esta Resolución estuvo fundamentado en la falta de atributos técnicos de la Asamblea para tocar estos temas, entendiendo que su tratamiento sería más pertinente para el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.
En nuestra opinión el tema de fondo es otro: quiénes y cómo pueden participar de estas decisiones. Tanto en el FMI como en el BM la distribución del poder es muy desequilibrada a favor de EE.UU., los países europeos y Japón. Este sesgo en la gobernanza es lo que debilita al FMI como garante de condiciones justas de reestructuración: difícilmente pueda garantizar imparcialidad si juega simultáneamente el papel de asesor económico, acreedor y juez para dilucidar la situación en que se encuentra el país.
Aquellos que creemos que la democracia debe ser un principio ordenador en todos los ámbitos de la actividad humana, debemos privilegiar la expresión soberana de las naciones del mundo expresada en la Asamblea de la ONU.
De nuevo Argentina. Apenas cuatro años después de la aprobación de estos principios, la Argentina vuelve a estar hoy en el centro de la escena por tener que encarar un nuevo proceso de reestructuración, de acuerdo con lo que ha sido reconocido por los propios funcionarios del FMI.
En cuatro años, su deuda externa creció del 53% a cerca del 100% del PBI,((De acuerdo al Balance Preliminar de las Economías de América Latina del 2018, de la CEPAL, Argentina era el país más endeudado de la región, con una deuda equivalente al 77,4%, frente al 53% vigente en el 2015. En el mismo informe se aclara que si a esto se suma el segundo desembolso del préstamo del FMI, el porcentaje supera al 80%. Luego de la fecha de cierre del informe, hubo un tercer desembolso del FMI en octubre, y nuevas bruscas devaluaciones, que llevan a la mayoría de los analistas privados a estimar una porcentaje superior al 100%.)) producto de una política económica de apertura financiera respaldada por los organismos multilaterales.
Lo particular de este proceso no sólo fue su velocidad sino que incluyó una deuda con el propio FMI equivalente al 46% de la cartera de préstamos de este organismo.((Estimación para agosto de 2019 del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, en base a datos del FMI Weekly Reporto n Key FinancialStatistics. https://www.ceso.com.ar/sites/www.ceso.com.ar/files/que_hacemos_con_la_deuda_y_el_fmi_-_septiembre_2019_final.pdf))
La pregunta es: ¿Se respetarán los principios aprobados por la Asamblea de Naciones Unidas en la reestructuración que razonablemente se espera?
Vamos rumbo a un nuevo debate global sobre el tema. La forma en que resolvamos esta nueva encrucijada a la que nos llevan las enormes debilidades de la arquitectura financiera global resultará determinante para la economía real.
El movimiento cooperativo no puede ser prescindente en esta coyuntura ni en la discusión de largo plazo sobre qué hacer para poner en el centro de las preocupaciones globales al desarrollo sostenible y no a los intereses de los sectores financieros más concentrados.
¿Una agenda cooperativa para el sistema financiero Internacional?
El movimiento cooperativo está debatiendo cómo contribuye a la construcción de un sistema financiero al servicio del desarrollo sostenible. Esto fue así, por ejemplo, en la V Cumbre Cooperativa de las Américas, que se realizó en Buenos Aires, en octubre de 2018.
En la Declaración Final de la Cumbre fue incluido un Compromiso Cooperativo por la Inclusión y Democratización Financiera, entendiendo que “todo el movimiento cooperativo, como parte de la sociedad civil comprometida con el desarrollo sostenible, puede impulsar una estrategia de reclamos y propuestas consistentes que favorezca la adopción de cambios estructurales en el sistema financiero y monetario internacional, incluyendo una gobernanza más democrática, donde puedan escucharse las voces y las experiencias de todas las economías y no sólo aquellas de los países de mayor desarrollo”.
La propuesta concreta respecto de la arquitectura financiera internacional fue “impulsar y acompañar desde la Alianza Cooperativa Internacional iniciativas para modificar las normas e instituciones del sistema financiero internacional, desde la perspectiva de los principios y valores cooperativos, procurando reducir la vulnerabilidad de la economía real frente a los movimientos especulativos de las finanzas internacionales, aumentar la autonomía de los Estados nacionales para impulsar el desarrollo sostenible, democratizar la gobernanza de los organismos internacionales, discutir el papel de las calificadores de riesgo y regular el movimiento de capitales especulativos para mejorar las condiciones de previsibilidad, entre otros objetivos”.
Esta propuesta surgió luego de un intenso debate que incluyó la consideración de documentos como Cuestiones Económicas y Financieras, hecho público en enero de ese año por el Vaticano, según el cual “la reciente crisis financiera era una oportunidad para desarrollar una nueva economía más atenta a los principios éticos y a la nueva regulación de la actividad financiera, neutralizando los aspectos depredadores y especulativos y dando valor al servicio a la economía real” aunque “no ha habido ninguna reacción que haya llevado a repensar los criterios obsoletos que continúan gobernando el mundo”.
A partir de estas ideas los cooperativistas necesitamos tener un profundo debate que resulte en propuestas concretas respecto de las normas que regulan el sistema financiero internacional. Por ejemplo:
Finanzas transfronterizas. Uno de los primeros temas a solucionar es el impacto altamente perjudicial de la libre circulación de capitales especulativos. Como bien señalara José Antonio Ocampo ((Reforma de la arquitectura monetaria y financiera internacional, José Antonio Ocampo, noviembre de 2014. Fundación Friedrich Ebert)) al analizar las políticas impulsadas para superar la “crisis del Atlántico Norte”, como llama a la que se inició en el 2008, “la omisión de medidas para supervisar estos movimientos fue una laguna mayúscula en los esfuerzos por fortalecer la regulación financiera general y es especialmente problemática para los países emergentes y en desarrollo, ya que la volatilidad de la cuenta de capitales es un factor clave en la determinación de los ciclos de auge y colapso y, por ende, en la generación de fluctuaciones y riesgos macroeconómicos”.
La crisis actual y las políticas desarrolladas han dejado en claro la debilidad del financiamiento oficial, que apenas logra suavizar los ciclos de auge y colapso del financiamiento privado. “Esto indica que el instrumento más importante para reducir la volatilidad del financiamiento externo es la regulación de la cuenta de capitales, en particular la regulación de los ingresos de capital durante la fase de auge del ciclo”, sostiene Ocampo.
Deudas soberanas. Íntimamente ligado con los movimientos financieros transfronterizos encontramos el problema de las reglas de juego para refinanciar las deudas externas. Aquí hay dos tareas para el movimiento cooperativo. Una es reclamar, junto con el resto de los actores del ámbito internacional, que los procesos de renegociación sean racionales y compatibles con el desarrollo futuro de las sociedades endeudadas, con mecanismos de mediación y arbitraje en el que el interés de los sectores sociales más débiles esté preservado y donde los acuerdos con las mayorías sustantivas de los acreedores no puedan ser puestos en riesgo por los fondos especulativos.
Esto, que está en línea con los principios aprobados por la ONU, debe ser traducido en una nueva institucionalidad para resolver estos temas. Algunos autores, por ejemplo, hablan de la necesidad de un Tribunal Internacional de Arbitraje de la Deuda Soberana, que actuaría como instancia multilateral y contrapeso al poder que tienen las instituciones acreedoras sobre los organismos actuales (Banco Mundial, FMI, Club de París).
Este tipo de propuestas, ya discutidas en ocasión de la crisis de la deuda externa en los años 80, incluye también la posibilidad de crear un código financiero internacional, pactado por todos y al que se acojan todos los acreedores y los deudores, sin excepciones. Esto permitiría una mayor independencia de los Estados nacionales respecto de los principales acreedores y daría más equidad tanto a los acreedores minoritarios como a los deudores.
Calificadoras de crédito. Es necesario construir consensos para desplazar de la evaluación de riesgos los criterios de calificadoras que han demostrado tanto su incapacidad para prever las crisis como su compromiso con visiones diametralmente contrapuestas con los valores y principios de nuestras organizaciones.
La experiencia de las cooperativas como entidades financieras comprometidas en la defensa de sus asociados, usuarios del sistema financiero, debe ser tenida en cuenta por los Estados y sus bancos centrales para reducir la dependencia de las economías nacionales respecto de estas calificadoras de riesgo.
Bancos Multilaterales de Desarrollo. Otro tema en el cual el cooperativismo debe tener una posición clara es el papel que deben tener los bancos multilaterales de desarrollo, cuál debe ser su relación con el crecimiento de la economía social y solidaria y cuál debe ser su articulación con las cooperativas de ahorro y crédito y otras entidades financieras de carácter comunitario.
Desde el movimiento cooperativo debemos ser capaces de evaluar, proponer e incidir sobre las políticas de instituciones como la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco Africano de Desarrollo (BAFD), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otras similares. Incluso sobre los proyectos de nuevos bancos multilaterales de desarrollo, como son el Banco del Sur,((Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela)) cuya constitución se firmó en el 2007 pero luego no mostró mayores avances, o el Banco de Desarrollo del BRICS, que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica acordaron constituir en 2013.
Como cooperativas requerimos para nuestro desarrollo, como lo requiere cada una de las comunidades donde estamos insertas, una fuerte banca multilateral de desarrollo que provea abundante financiamiento anticíclico y respalde las estrategias nacionales de desarrollo de largo plazo.
El movimiento cooperativo debe promover que Naciones Unidas y los Bancos Multilaterales de Desarrollo convoquen a los bancos nacionales de desarrollo, a las cooperativas de crédito, bancos comunitarios y a otras entidades del sector para compartir prácticas y articular esfuerzos dirigidos a financiar a las pymes, a los actores de la economía social y a las comunidades.
Como se expresa en un trabajo publicado por la CEPAL, “no todos los bancos nacionales de desarrollo están necesariamente bien posicionados para satisfacer las necesidades financieras de las pequeñas empresas. Algunos, como sus pares del sector privado, no son expertos en cubrir las necesidades de una clientela de pequeñas y medianas empresas. En este contexto, otro tipo de intermediarios, como las cooperativas de crédito, pueden proponer ideas valiosas y ofrecer canales para satisfacer las necesidades financieras de las pymes”.((Bancos multilaterales de desarrollo de Roy Culpeper, StephanyGriffith-Jones, Daniel Titelman, en Gobernanza Global y Desarrollo, nuevos desafíos y prioridades de la cooperación internacional Editorial Siglo XXI, 2015.))
Ese debe ser nuestro aporte central: como entidades de la comunidad, que operan de cara a cada familia o empresa de su territorio, las cooperativas pueden contribuir con capilaridad, solidaridad e inteligencia territorial a la construcción de una banca de desarrollo de peso en el ámbito internacional.
Guaridas fiscales. Los mal llamados paraísos fiscales eximen del pago de impuestos a inversionistas extranjeros que tienen cuentas bancarias o constituyen sociedades fuera de su jurisdicción (las conocidas como offshore), cuyos vínculos con la corrupción, el poder y el narcotráfico fueron expuestos con crudeza en los famosos Panamá Papers.
Como bien denuncia el propio Vaticano, “en la actualidad, más de la mitad del comercio mundial es llevada a cabo por grandes sujetos, que reducen drásticamente su carga fiscal transfiriendo los ingresos de un lugar a otro, dependiendo de lo que les convenga, transfiriendo los beneficios a los paraísos fiscales y los costos a los países con altos impuestos. Está claro que esto ha restado recursos decisivos a la economía real y ha contribuido a la creación de sistemas económicos basados en la desigualdad. Por otra parte, no es posible ignorar que esas sedes offshore se han convertido en lugares de lavado de dinero sucio, es decir, fruto de ganancias ilícitas (robo, fraude, corrupción, asociación criminal, mafia, botín de guerra…)”.
“En poco tiempo, este mercado se ha convertido en el lugar de mayor tránsito de capitales, ya que su configuración representa una manera fácil de realizar diferentes e importantes formas de elusión fiscal. Se entiende entonces que la domiciliación offshore de muchas empresas importantes que participan en el mercado sea muy deseada y practicada”.((Oeconomicae et pecuniariaequaestiones. Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero, de la Congregación para la Doctrina de la Fe y Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Iglesia Católica.))
Todos aquellos que entendemos al sistema financiero al servicio de la economía real tenemos que tener una posición clara frente a este problema.
Es difícil calcular el volumen de la evasión o elusión fiscal que permiten estos mecanismos, pero la mayoría de los especialistas coinciden en que bastaría un impuesto mínimo sobre las transacciones offshore para resolver gran parte del problema del hambre en el mundo.
Por otro lado, las guaridas fiscales facilitan la salida masiva e intempestiva de capitales, en particular de los países menos desarrollados, incrementando su vulnerabilidad frente a cualquier crisis financiera y por lo tanto multiplicando la miseria y el hambre.
Es necesario exigir prácticas de transparencia financiera, como por ejemplo la obligación de que las empresas multinacionales rindan cuentas sobre sus actividades e impuestos pagados en cada país donde operan a través de sus filiales. En este punto, el cooperativismo debe ser el ejemplo y la medida para el comportamiento del mundo empresario.
El compromiso internacional por la eliminación de las guaridas fiscales ya fue asumido por los pueblos del mundo cuando la Asamblea de Naciones Unidas aprobó, en julio de 2015, la llamada Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, donde expresa: “Nos esforzaremos por eliminar los paraísos fiscales que crean incentivos para transferir al extranjero activos robados y corrientes financieras ilícitas”. Este debe ser también un objetivo para el movimiento cooperativo global.
La experiencia cooperativa internacional para poner al ahorro al servicio de la comunidad
Si bien sostenemos que resulta central contar con reglas de juego globales, que reduzcan la vulnerabilidad de las economías nacionales y orienten el crédito al desarrollo sostenible, todo ello será insuficiente si no contamos con entidades financieras controladas por la comunidad y al servicio del desarrollo sostenible. No se trata sólo de reglas sino de los actores que protagonizan el mercado financiero. Esta es la responsabilidad principal del cooperativismo: ofrecer nuestros modelos de intermediación financiera democráticamente gestionados por la comunidad y, por lo tanto, al servicio de la comunidad.
Cada trabajador, empresario, comerciante o productor agropecuario debe saber que puede evitar entregar sus ahorros a entidades financieras dedicadas a la usura y la especulación y optar, en cambio, por entidades cuyo norte estará en el desarrollo de la comunidad a la que pertenece.
Eso es democracia financiera, mucho más que inclusión financiera. Es la soberanía del ahorrista sobre su patrimonio. No se trata sólo de ser objeto de servicios financieros más o menos inclusivos sino de ser sujetos en la construcción de un servicio financiero orientado al desarrollo sostenible.
Para esto, las cooperativas tenemos muchos modelos exitosos. Las entidades financieras cooperativas en el mundo son aproximadamente 212 mil (con 296 mil sucursales), y están integradas por 704 millones de asociados. Emplean a 2,5 millones de trabajadores y cuentan con activos de más de 11 billones de dólares estadounidenses.((Datos del Censo Global de Cooperativas, elaborados en el año 2014 por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA).))
Este universo incluye desde pequeñas cooperativas de ahorro y crédito locales hasta grandes bancos cooperativos de relevancia regional y global. Las primeras diez entidades financieras cooperativas((Fuente: World Cooperative Monitor, Informe 2018. Euricse. Alianza Cooperativa Internacional. Los ingresos corresponden a intereses, y otros ingresos de servicios bancarios y fuentes distintas a los activos remunerados. Los datos corresponden al año 2016.)) son el Groupe Crédit Agrícole (Francia, con ingresos por 9,6 miles de millones de U$S), BVR – Asociación Nacional de Bancos Cooperativos Alemanes (Alemania, 55,4 MM U$S), GroupeCréditMutuel (Francia, 44,3 MM U$S), Groupe BPCE – Banque Populaire and Caissed’Epargne (Francia, 67,8 MM U$S), Rabobank (Holanda, 22,7 MM U$S), Desjardins Group (Canadá, 13,8 MM U$S), Cooperative Bank of Kenya, Sicredi – Sistema de Crédito Cooperativo (Brasil, 3,5 MM U$S), Federal FarmCredit Banks (EEUU, 11,7 MM U$S), RZB- Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft (Austria, 6,7 MM U$S).
Estas grandes organizaciones, junto con la red de pequeñas y medianas cooperativas de ahorro y crédito presentes en prácticamente todo el mundo, son la principal fuerza con que cuenta el movimiento cooperativo para discutir la arquitectura financiera internaciona y, las regulaciones necesarias para fortalecer el sector en cada país, además de movilizar los ahorros locales en beneficio de la comunidad.
Por ejemplo, Desjardins Group es propiedad de aproximadamente seis millones de asociados, número equivalente al 75% de la población adulta de Quebec, provincia de Canadá donde el grupo se afinca. Es la primera entidad financiera de esta provincia y la sexta a nivel nacional. Está integrada por casi 500 cooperativas locales, agrupadas en una federación que centraliza y consolida todo el sistema. Con más de cien años de historia (la primera caja se fundó en 1900), ha demostrado ser una herramienta fundamental para el desarrollo de Quebec, no sólo en los momentos de bonanza económica sino fundamentalmente durante las crisis. Por ejemplo, entre 1933 y 1936, durante la llamada Gran Depresión, se crearon aproximadamente 33 cajas por año. El número total de cajas, entre 1933 y 1944, se elevó de 189 a 944, mientras que el número de socios se multiplicó por ocho.
En la crisis reciente volvió a demostrar su fortaleza y las ventajas de sus asociados de contar con una entidad financiera propia. “Cuando la crisis estalló las instituciones no bancarias de Canadá habían emitido 36.000 millones de dólares estadounidenses en valores comerciales respaldados por activos. En agosto de 2007, cuando los mercados dejaron de funcionar, Desjardins decidió recomprar los activos que sus socios y clientes habían adquirido y asentarlos en su propio balance contable. De esta forma logramos mutualizar las pérdidas previstas por nuestros socios y clientes y, al mismo tiempo, crear una masa crítica como inversor en cuanto a la propiedad de dichas obligaciones. Ello nos dio la influencia necesaria en la negociación subsiguiente, que procuraba dos objetivos: la conversión de esas obligaciones en otras de largo plazo y la securitización de una gran parte del valor de las mismas”. La cita es de Alban D’Amours, presidente de Desjardins, al momento del estallido de la crisis. En 2009, el Global Finance Magazine publicó que Desjardins estaba en el puesto 26 de las 50 instituciones financieras más seguras del mundo, en el marco de un análisis de las 500 instituciones más grandes.
Esta fue una de las experiencias más impactantes de la resiliencia del cooperativismo ante la crisis, y en especial de las cooperativas financieras, rescatado por Claudia Sánchez Bajo y Bruno Roelants en su libro El Capital y la Trampa de la Deuda, Aprendiendo de las Cooperativas en la Crisis Global.((Ediciones Intercoop, 2012, Argentina.))
Estos autores señalan otras experiencias similares. Por ejemplo, entre 2007 y 2008, en EEUU los préstamos concedidos por las cooperativas de crédito aumentaron casi un 7%, mientras que en los bancos comerciales disminuían un 0,4%.
En la Unión Europea, donde los bancos cooperativos representan el 19% del total de los depósitos bancarios y el 16% de los préstamos, ningún banco cooperativo ha quebrado, mientras que varios bancos públicos y comerciales si lo han hecho.
En Francia, el Groupe Crédit Mutuel aumentó en 2009 un 2,9% el volumen de crédito, a pesar de la disminución en la demanda, y alcanzó el 17,5% del mercado local. En octubre de ese año, fue la primera institución bancaria francesa en reembolsar la ayuda prestada por el Estado frente a la crisis.((Según la Federación Nacional de Credit Mutuel, citada por Sánchez Bajo y Roelants))
En Alemania, la situación fue similar. En 2009, los bancos cooperativos habían aumentado su concesión de créditos un 2,1%, mientras que los grandes bancos habían caído un 2,4%. El sistema cooperativo fue el único de los pilares del sector bancario alemán (los otros son los bancos comerciales, y los bancos de los estados federados y los regionales del sector público) que no tuvo que recurrir a medidas de sostén estatales.
Esta performance de las instituciones financieras cooperativas en Europa da cuenta de que este sector es fundamental en la estructura económica de estos países y muy particularmente en cada una de sus economías regionales.
Una de las claves del éxito del sistema bancario cooperativo alemán es la delegación que realiza el Estado para que la auditoría sea llevada a cabo por asociaciones cooperativas de auditoría. Este servicio, que es obligatorio para todas las entidades, incluye no solo los aspectos formales sino la propia gestión. Esto es, el Estado confía en la auditoría que se autogestionan las organizaciones, que logran así, a través de un servicio muy profesionalizado y de altísima transparencia, una gran solidez en todo el sistema.
De acuerdo con la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV, por sus siglas en alemán), en 2018 había en ese país 875 bancos cooperativos, con 10.520 sucursales y 18,6 millones de asociados. En la Argentina, con una población total equivalente al 54% de la población de Alemania y un territorio ocho veces más grande, hay un solo banco cooperativo, con 261 sucursales.
Seguramente son muchas las diferencias entre estos dos países, pero en nuestra opinión, a la hora de hablar de sistema financiero, resulta decisiva la diferencia que hay entre los actores que lo componen en cada caso.
La vulnerabilidad financiera de la Argentina no es sólo producto de las incompetencias de su Banco Central, o de las deficiencias de la política pública, sino también producto de la falta de una banca regional donde los intereses de las comunidades estén representados.
Todos los países centrales cuentan con bancas cooperativas muy desarrolladas. Ejemplo paradigmático es el Farm Credit System, una estructura de base cooperativa que financia aproximadamente un tercio de la actividad rural en Estados Unidos. Creada por el Congreso de ese país en 1916, es la empresa más antigua patrocinada por el gobierno (Government Sponsored Enterprise). Sin perder su carácter privado y autónomo –gestionada por los agricultores estadounidenses para captar fondos en Wall Street y canalizarlos a la actividad agropecuaria– siempre ha tenido el respaldo político del Estado por ser una herramienta vital para la promoción y defensa del pequeño y mediano agricultor.
Otra experiencia muy interesante en los países más desarrollados es el Rokin Bank, una entidad integrada por cajas de crédito vinculadas a sindicatos japoneses. Los trabajadores tienen su propio banco, una herramienta no sólo para financiar sus gastos familiares sino también para financiar proyectos de inversión de interés en términos de generación de empleo y desarrollo local. Está estructurado en trece bancos regionales (coordinados por el Ronkinren Bank) y sus servicios son utilizados por más de diez millones de asociados. El punto es que los trabajadores tienen ahorros y a través de su banco pueden reconstruir su soberanía sobre los mismos. Luego de la crisis del 2008, en colaboración con el Ministerio de Trabajo japonés, esta entidad implementó un plan de préstamos para la estabilidad laboral dirigido a facilitar la recontratación de los trabajadores desempleados por parte de las empresas.((Al respecto ver la entrevista a MrToshihiroAkahori, gerente del grupo, publicada por la OIT en https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_588116/lang–en/index.htm))
En otras latitudes también encontramos este tipo de desarrollos. El Sicredi, en Brasil, es una organización de 114 cooperativas de crédito organizadas en cinco centrales, con cuatro millones de asociados y con presencia en veintidós estados y 1279 municipios (en 200 de ellos es la única entidad presente).
Un punto central es la relación entre las cooperativas de crédito y el Estado, en particular las autoridades monetarias y financieras en cada país. Todas las experiencias son distintas, pero resulta clave el reconocimiento de la particular naturaleza jurídica y social de las cooperativas, así como una política de promoción por parte del Estado vinculada al papel de las cooperativas para poner el ahorro al servicio del desarrollo local y sectorial.
Por supuesto, también existen experiencias donde el Estado, lejos de promover las entidades financieras de carácter solidario, privilegia otro tipo de modelos.
Argentina es un ejemplo de esto. Producto del retroceso de la banca pública luego del golpe militar de 1955, las cooperativas de ahorro y crédito tuvieron un crecimiento explosivo, llegando a representar el 13% del total de depósitos.
Eso generó preocupación en los grupos económicos concentrados y desencadenó un proceso de persecución contra este tipo de entidades, muy particularmente durante las dictaduras militares de 1966 a 1973 y de 1976 a 1983. El resultado fue que las cajas se vieron forzadas a fusionarse para responder a las crecientes exigencias normativas que no respetaban su naturaleza, lo que finalmente tuvo como resultado un solo banco cooperativo, el Banco Credicoop, que es producto de la fusión de aquellas cajas de crédito que lograron sobrevivir.
Se trata de una muy buena experiencia, con una fuerte presencia regional: es el banco privado con el mayor volumen de créditos para las pequeñas y medianas empresas, y el principal banco privado de capitales nacionales. Su modelo participativo, donde las comunidades locales, representadas por las comisiones de asesores de cada sucursal, constituye una propuesta potente para traducir el ahorro local en desarrollo sostenible, constituye un claro ejemplo que debe ser multiplicado si se quieren superar las enormes limitaciones del sistema financiero argentino.
Es necesario dar un profundo debate político sobre el tipo de sistema financiero que la sociedad precisa y sobre los marcos regulatorios que resultan indispensables para facilitar y promover la organización de usuarios de los servicios de ahorro y crédito, interesados en contar con entidades al servicio de sus intereses y no de los intereses de la intermediación.
Papel del Estado: la defensa y organización de los usuarios del servicio financiero
No es posible el desarrollo de las finanzas solidarias, las finanzas en manos de la gente, si no existen regulaciones apropiadas, que entiendan su naturaleza asociativa, de servicio y democrática. Por eso comenzamos proponiendo que el movimiento cooperativo asuma la responsabilidad de cumplir un papel activo en el debate sobre la arquitectura financiera global. A esto agregamos que los movimientos cooperativos nacionales deben discutir cuáles son las regulaciones sobre el sistema financiero de cada país.
En Argentina, paralelamente a la propuesta de recuperar la política de promoción de las cajas de crédito cooperativas, hoy inexistentes, las cooperativas impulsan una Ley de Servicios Financieros que oriente al conjunto del sistema financiero al servicio del desarrollo económico y social.
Servicio público. Lo primero que plantea ese proyecto es que la actividad financiera debe ser un servicio público, esto es, un servicio que debe ser prestado para cubrir necesidades de interés general y no necesidades particulares. Su prestación, al igual que cualquier otro servicio público, debe funcionar de manera permanente, es decir, de manera regular y continua para que pueda satisfacer las necesidades de las comunidades por sobre los intereses de quienes los prestan.
Origen del capital. Otra innovación que propone el proyecto es que las regulaciones sobre el sector deben considerar el origen del capital de las entidades y las características económicas y sociales de los sectores y regiones atendidos. No es lo mismo una entidad financiera que trabaja en una pequeña comunidad que aquella que opera en los grandes centros urbanos. Si es extranjera, y atrae a los ahorristas por su patrimonio de escala global, entonces la casa matriz debe responder por la totalidad de los pasivos que tiene en el país.
Operaciones autorizadas. Los bancos comerciales deberían limitarse a un listado taxativo de operaciones, no como resulta actualmente en la Argentina, donde los bancos pueden realizar cualquier operatoria que no esté expresamente prohibida. Por ejemplo, la operatoria con derivados debería ser específicamente autorizada y regulada por el Banco Central, en lugar de ser un derecho de la entidad por el sólo hecho de ser banco.
Desconcentración. A diferencia de los que opinan que son necesarios grandes bancos que den solidez al sistema, entendemos que las autoridades deben contar con instrumentos para monitorear el nivel de concentración de las diferentes operatorias y adoptar medidas correctivas cuando se vean afectadas las condiciones de competencia. Por ejemplo, que ninguna entidad financiera comercial pueda tener una participación superior a un determinado porcentaje del conjunto del sistema financiero.
Democratización. La regulación del sistema financiero debe promover la democratización de los servicios financieros en dos planos.
En primer lugar, garantizando el acceso al crédito por parte de todos los actores y en todas las regiones, por ejemplo, a través del direccionamiento del crédito hacia las micro, pequeñas y medianas empresas, la regulación de tasas de interés activas y el establecimiento de servicios esenciales dirigidos hacia los sectores de menores ingresos de la población, con un nivel acotado de comisiones.
En segundo lugar, debe haber políticas específicas de promoción de las entidades democráticamente gestionadas por la comunidad, como una herramienta esencial para garantizar el acceso a los servicios.
Defensa del usuario. Toda ley que regule el sistema financiero debe estar orientada a la protección del usuario. Una forma de defenderlo es, precisamente, ayudar y promover su organización a través de una banca directamente controlada por el usuario.
Otra forma es implementar agencias públicas especializadas en la defensa del interés del usuario (por ejemplo, en el proyecto de la Argentina se habla de una Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central), y exigir que cada entidad financiera cuente con un Departamento de Atención al Usuario de Servicios Financieros.
Fondo compensador. Otro tema que debe discutirse es la necesidad de un Fondo Compensador en el Banco Central que compense a las entidades financieras los mayores costos asociados a operar en zonas geográficas de menor densidad poblacional y/o menor desarrollo económico y social, y cuando ofrezcan una mayor cantidad de servicios financieros esenciales.
Garantía estatal. Otro asunto central en la defensa del interés del usuario de servicios financieros y como herramienta para su democratización es la necesidad de contar con un régimen con garantía estatal, que resulte obligatorio para todas las entidades financieras.
Seguramente no hay recomendaciones universales, que sirvan para todos los sistemas financieros nacionales. Es necesaria adecuarlas a los distintos contextos económicos, legales y culturales. Pero es indispensable que el movimiento cooperativo tenga opinión sobre estos temas, pues hacen al nudo de los problemas a resolver cuando queremos debatir cómo poner la economía al servicio del desarrollo sostenible.
Nuestra convicción es que esto exige un diálogo estrecho entre la organización solidaria y democrática de los usuarios de los servicios financieros, a través de las cooperativas u otras formas de finanzas solidarias, y el Estado. La gran lección de la crisis internacional no es que sobraron las regulaciones. Por el contrario, faltaron regulaciones apropiadas.
La experiencia de las cooperativas de ahorro y crédito, como organizaciones de los usuarios de los servicios financieros, debe ser clave en uno de los principales debates que tiene el mundo de hoy: cómo poner las finanzas al servicio del desarrollo sostenible.
Nuevas tecnologías y democracia financiera
De acuerdo con la Encuesta Findex del Banco Mundial (2017), aproximadamente 2000 millones de personas adultas en el mundo no cuentan con una cuenta bancaria. Si desglosamos estos datos para el caso de Latinoamérica, donde hay 210 millones de adultos sin cuenta bancaria, entre los que sí la tienen sólo el 12% había ahorrado en el 2017 en una entidad financiera, mientras que sólo el 9% había recibido un préstamo.((Datos citados en Fintech América Latina 2018 – Crecimiento y Consolidación. Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest. Finnovista, 2018.))
Este enorme nivel de exclusión, que afecta el desarrollo de las personas y de las pequeñas y medianas empresas, contrasta con la imparable penetración de la telefonía móvil. No hay que ser un especialista en el tema para ver la enorme oportunidad que aquí se presenta para mejorar la inclusión financiera.
En palabras del BID: “Por un lado, el surgimiento de nuevas plataformas e intermediarios financieros en línea, con menores costos de transacción y nuevas técnicas y fuentes de información para evaluar el riesgo crediticio, contribuirá a expandir el acceso a financiamiento de las PyME. Por otro lado, la existencia de soluciones para pagos y herramientas digitales para lograr un mejor desempeño financiero empresarial no solo facilitarán la digitalización y formalización de estos negocios sino que además el historial de sus transacciones o huellas digitales pueden utilizarse para evaluar el riesgo de crédito, creando nuevas opciones para resolver asimetrías de información, con sus consecuencias positivas en términos de oportunidades de obtención de financiamiento. Todo ello puede generar un círculo virtuoso que contribuya a resolver el persistente desafío entre el alto grado de informalidad de las PyME”.
Apostando a este círculo virtuoso se ha multiplicado el desarrollo de las fintech (herramientas de tecnología financiera), incluyendo un amplio abanico de posibilidades: pagos electrónicos, gestión de finanzas personales, gestión patrimonial, plataformas de financiamiento alternativo (persona a persona, persona a negocio), banca digital, etc. Sólo en América Latina, subcontinente donde este fenómeno recién está en proceso consolidación, el BID detectó en el 2018 casi 400 plataformas de servicios financieros.
Para las cooperativas es una gran oportunidad. Para empresas focalizadas en las necesidades de sus asociados nada mejor que estas tecnologías que nos acercan, que permiten reducir los costos de transacción y responder en forma más precisa a sus necesidades.
Pero, como la historia nos enseña, las tecnologías no son neutras. Son un instrumento, que puede estar al servicio del desarrollo sostenible, pero que también puede estar al servicio del modelo de valorización financiera que está hegemonizando la economía mundial. Por eso decimos que no se trata sólo de inclusión financiera, nuestro programa es la democracia financiera.
La solución no es sólo recibir servicios financieros sino ejercer soberanía sobre el uso de los ahorros. Los modelos del cooperativismo financiero buscan la inclusión pero además están orientados a poner el ahorro de la comunidad al servicio de la comunidad, a construir y reconstruir el círculo virtuoso entre ahorro local, inversión y desarrollo sostenible.
Si las fintech sirven para reducir los costos de captación de los ahorros de nuestras familias y empresas, pero los terminan orientando hacia los modelos de especulación financiera, entonces se seguirán profundizando la desigualdad social y los desequilibrios territoriales que hoy caracterizan a nuestra sociedad global.
El debate sobre la inclusión financiera debe incluir del debate sobre en qué sistema financiero deseamos ser incluidos. Y este debate debe ser asumido por el conjunto de la sociedad en cada uno de los tres planos que aquí hemos señalado: el sistema financiero global, las regulaciones nacionales y los modelos que adoptamos para gestionar los servicios financieros.
En este último plano, las cooperativas debemos tener un debate profundo sobre el papel que tendrán las nuevas tecnologías en el ámbito financiero. Aquí es necesario incluir los siguientes aspectos, que son centrales para el interés de nuestros asociados y que no están en la agenda de las instituciones financieras lucrativas:
- Cómo las nuevas tecnologías ayudarán a profundizar nuestro modelo de gestión empresarial participativa. Concretamente, cómo estas tecnologías ayudarán a una mayor transparencia de nuestras instituciones y como facilitarán la discusión sobre cuál es el destino de su capacidad prestable.
- Cómo las nuevas tecnologías reducirán los costos de todos los servicios y cómo ese menor costo se traducirá en beneficio de los asociados.
- Cómo preservaremos la privacidad de la información que todos dejamos cuando operamos en las redes. Porque las fintech no son sólo de servicios financieros sino de transacciones con el valor que gratuitamente volcamos al operar con cualquier red. Se trata de defender nuestros ahorros y también nuestra privacidad, nuestra soberanía sobre los datos y sobre la información, que hoy más que nunca es poder.
El proyecto de la democracia financiera
La organización de los usuarios de los servicios financieros en cooperativas y otras entidades de la economía social y solidaria es la llave para un programa de democratización del sistema financiero, donde los hombres y mujeres de a pie recuperemos la soberanía sobre nuestros ahorros.
En el mundo de la globalización hegemonizada por el capital financiero, la iniciativa de la sociedad civil debe incluir propuestas claras respecto de la arquitectura financiera global, de las regulaciones de cada Estado y de los modelos de finanzas solidarias que son adecuados a cada realidad social, cultural y económica.
Este triple desafío es el que propuso el cooperativismo de las Américas en su quinta cumbre regional, reunida en Buenos Aires en octubre de 2018. Una cumbre muy particular donde no sólo estuvieron presentes los representantes del continente sino también de todo el mundo, por hacerse en forma concordante con la Asamblea Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional.
El cooperativismo coincide sobre la necesidad de inclusión financiera, en los términos expresados en la resolución de la ONU conocida como Agenda Addis Abeba, que nombra explícitamente a las cooperativas como constructoras de inclusión social: “Adoptaremos o examinaremos nuestras estrategias de inclusión financiera, en consulta con los interesados pertinentes, y consideraremos la posibilidad de añadir la inclusión financiera como objetivo normativo en materia de regulación financiera, de conformidad con la legislación y las prioridades nacionales. Alentaremos a nuestros sistemas de banca comercial a que presten servicios a todos, incluidos los que actualmente se enfrentan a obstáculos para acceder a la información y los servicios financieros. También apoyaremos a las instituciones de microfinanciación, los bancos de desarrollo, los bancos agrícolas, los operadores de redes móviles, las redes de agentes, las cooperativas, los bancos postales y las cajas de ahorros, según proceda”.
Sin embargo, esta inclusión financiera no será posible sin una participación activa y creciente de las organizaciones de usuarios de los servicios financieros. Como ya hemos dicho, no se trata sólo de incluir sino también de tener la capacidad de discutir y decidir en qué sistema financiero estamos siendo incluidos. Esto es más que el debate sobre el derecho individual de cada usuario. Se trata del derecho colectivo de incidir sobre el modelo de sociedad en que queremos vivir. No nos resignamos a ser beneficiarios que eligen. Pretendemos ser sujetos que construyen.
Este es un debate de largo plazo pero que nos enfrenta a desafíos inmediatos. El problema de la deuda externa ha vuelto a instalarse como un tema central, al mismo tiempo que no hemos resuelto los temas estructurales que expuso la crisis del 2008, que explicó con precisión la Comisión Stiglitz en el 2009 y que Naciones Unidas se comprometió a resolver en Addis Abeba.
La agenda del cooperativismo en cuanto a las finanzas globales debe partir de estos consensos construidos en la ONU (Comisión Stiglitz, Agenda Addis Adeba y Resolución sobre Restructuración de Deudas Soberanas). El problema es que muchos organismos multilaterales y Estados nacionales parecen no haberlos registrado.
En mi condición de argentino, puedo dar testimonio de la crisis de la deuda externa de los años 80, del proceso de privatizaciones y desregulaciones forzadas que llevaron a mi país a la peor crisis de su historia, en 2001, de las bondades de un proceso de reestructuración de la deuda externa cuando parte de la convicción de que debe ser consistente con el desarrollo de la economía real, de la injusticia a la que puede ser sometido un país en manos de los fondos buitre con la complicidad de los organismos multilaterales y de la enorme vulnerabilidad que supone la apertura indiscriminada de los capitales.
Hoy la Argentina está nuevamente en el centro de la escena, en su calidad de principal deudor del FMI, con una deuda externa que ha crecido en forma explosiva mientras su economía se reducía y el desempleo y la pobreza crecían. El endeudamiento en un sistema hegemonizado por la financiarización ha sido, nuevamente, el desencadenante de la desigualdad social, la inflación y la recesión.
Será responsabilidad de todo el cooperativismo señalar las características estructurales de las recurrentes crisis financieras. Hay que cambiar las reglas de juego del sistema financiero internacional. Hay que crear nuevas instituciones financieras al servicio del desarrollo sostenible.
Los cooperativistas tenemos nuestra historia, nuestros modelos y nuestros resultados. Desde allí aportaremos la potencia de la organización solidaria para que el ahorro de nuestras comunidades se traduzca en desarrollo sostenible para sus habitantes.
Noviembre 2019
Dr. Ariel Guarco
Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional
