¿Es realista esperar que quien se obsesiona por el máximo beneficio se detenga a pensar en los efectos ambientales que dejará a las próximas generaciones?[1]

La ONU en el documento Agenda 2030 ha reflejado con claridad la preocupación de la humanidad respecto al cambio climático: “El agotamiento de los recursos naturales y los efectos negativos de la degradación del medio ambiente, incluidas la desertificación, la sequía, la degradación del suelo, la escasez de agua dulce y la pérdida de biodiversidad, aumentan y exacerban las dificultades a que se enfrenta la humanidad. El cambio climático es uno de los mayores retos de nuestra época y sus efectos adversos menoscaban la capacidad de todos los países para alcanzar el desarrollo sostenible. Peligra la supervivencia de muchas sociedades y de los sistemas de sostén biológico del planeta”[2].

La profundidad de la crisis ambiental no está en debate pese a la prédica de grupos interesados que relativizan tanto su magnitud como la responsabilidad de la humanidad en su génesis.

Frente a ello los Estados se han comprometido a la protección del planeta contra la degradación, planteando tres líneas de acción: consumo y producción sostenible, gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático.

Debemos reflexionar sobre cómo construir, a partir de estas líneas de acción, una agenda cooperativa para defender el planeta.

  1. Aportes hacia consumo y producción sostenibles

En el documento de Naciones Unidas se pone el eje en la importancia de la innovación para avanzar hacia modalidades de producción y consumo más sostenibles.

¿Pero qué significa innovar en las modalidades de producción y consumo? Esto fue objeto de debate en la reciente IV Cumbre de Cooperativas de las Américas.

En dicha ocasión, Wim Dierckxsens, investigador de la Universidad de Nimega (Holanda), explicó cómo la búsqueda del aumento de la tasa de ganancia procura la reducción de la vida útil de los bienes de consumo, y nos arrastra a un consumismo desenfrenado y ambientalmente irresponsable. La búsqueda de la innovación está asociada a una aceleración de los procesos de obsolescencia y al incremento de los costos de transferencia de tecnología.

En la misma línea de preocupaciones, Rodrigo Arocena, de la Universidad de la República (Uruguay), señalaba la necesidad de combinaciones renovadas de tecnología y organización social para mejorar duraderamente las condiciones de vida: “Parece inviable proteger la naturaleza y combatir la desigualdad si no se expande el accionar colectivo solidario, ligado a formas frugales y socialmente inclusivas de la innovación técnico-productiva que hagan el máximo uso posible de la ciencia”.

En términos esquemáticos, o la innovación está al servicio del aumento de la tasa de ganancia, y por lo tanto promueve el consumismo irresponsable y fuerza la obsolescencia de bienes de consumo y de capital, o procura innovaciones socialmente inclusivas en el marco de acciones de carácter colectivo y solidarias.

  • Cooperativas y sistemas nacionales de innovación

Estas inquietudes fueron las que nos llevaron a plantear –cuando discutíamos las relaciones entre poder, Estado y mercado en la IV Cumbre de las Cooperativas de las Américas– que uno de los objetivos principales debe ser la democratización del conocimiento[3].

Para las cooperativas esto exige analizar críticamente la innovación tecnológica en cada uno de los campos donde desarrollan su actividad.

Las cooperativas agropecuarias deben preguntarse si las innovaciones biotecnológicas que se incorporan a la cadena de valor de alimentos y fibras son las adecuadas para garantizar la sostenibilidad de sus territorios.

Las cooperativas de electricidad deben discutir si la matriz energética es la apropiada, y si las propuestas de innovación efectivamente tienen en cuenta los recursos y potencialidades de sus respectivos territorios.

Las cooperativas de consumo deben ayudar a identificar cuándo una innovación sólo crea una necesidad ficticia o implica trabajo esclavo o degradación del ambiente.

A partir de la reflexión crítica sobre su propia práctica los distintos sectores del cooperativismo podrán estar en condiciones de llevar sus demandas al sistema de innovación de cada país.

La ecuación es sencilla: o las cooperativas se resignan a una posición pasiva frente a la innovación tecnológica liderada por el capital concentrado, o procuran ser protagonistas en la construcción de una agenda de I&D vinculada a las necesidades de sus asociados y de las comunidades donde están insertas. Allí se juega el poder y la posibilidad de desarrollo sostenible

Junto con otros actores de la economía solidaria deben participar de los sistemas de innovación, procurando que la inversión en investigación responda a las necesidades identificadas por la propia comunidad y que procure formas frugales y socialmente inclusivas de la innovación técnico-productiva.

  • La primera innovación es cooperar

Nuestra principal innovación es el modelo empresario cooperativo, cuya lógica se sustenta en la democracia y la solidaridad, y que por lo tanto resulta alternativo al modelo que generó la degradación ambiental y la desigualdad.

La historia del cooperativismo es parte de la historia de la innovación social. Desde los trabajadores de la primera cooperativa de consumo en Rochdale, que inventaron un sistema alternativo de distribución minorista al servicio de los trabajadores, hasta las nuevas cooperativas de producción de software, que cuestionan el modelo de la concentración informática a partir de redes de programadores donde software libre y democracia se potencian a favor de la innovación y la inclusión social.

Desde las primeras cajas de crédito en Alemania, que mostraron cómo se podían crear sistemas de financiamiento a favor del desarrollo local y no de la especulación, hasta los servicios de Nplay de las cooperativas de servicios públicos en Argentina, que cuestionan el modelo de control territorial de la distribución de contenidos centralmente producidos por los grandes jugadores de la comunicación, procurando la democratización en el acceso a los servicios, la integración territorial y la producción de contenidos propios con sentido local y regional.

Todos estos son ejemplos de innovaciones respecto a la forma en que producimos y consumimos bienes y servicios, y que han implicado resultados concretos en términos de calidad de vida de los asociados y de las comunidades donde se impulsan.

Por ello, cuando en el marco de la IV Cumbre de las Américas debatíamos la contribución de las cooperativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desde Cooperar proponíamos que la primera pregunta a hacernos es si hay suficientes cooperativas para alcanzar los ODS. O más concretamente: ¿Hay suficientes cooperativas para inducir un flujo de inversiones a favor del desarrollo sostenible que sea significativo en términos globales?[4] Tal como fue expresado por la Alianza Cooperativa Internacional y la Organización Internacional del Trabajo en el marco del debate que dio origen a los ODS, “como la participación de las cooperativas en el PBI y en el número de empresas es en la actualidad relativamente pequeño, la promoción y expansión de las cooperativas” debe ser un instrumento importante para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”[5].

  • Transformación social para el desarrollo sostenible

En este camino, el primer paso para las cooperativas debe ser la incorporación de prácticas ambientalmente responsables en todo el proceso de producción, profundizando iniciativas como, por ejemplo, el Pacto Verde Cooperativo, acordado en la Primer Cumbre de Cooperativas de las Américas (México, 2009).

Lo segundo es constituirnos en canales de participación para interpelar a las modalidades no sostenibles.

Por ejemplo: una de las claves de nuestro modelo es que permite poner en manos de toda la comunidad la conducción de la empresa, y esto puede resultar clave para la defensa del planeta, para superar las habituales apelaciones a la responsabilidad del consumidor individual, y pensar al consumidor como sujeto colectivo y actor en la construcción de un modelo alternativo.

Son dos desafíos que van juntos: Tener un comportamiento ambientalmente sostenible como empresas y formar parte de un movimiento comprometido con la transformación social para el desarrollo sostenible[6].

  1. Gestión sostenible de los recursos: tres ejes para el cooperativismo

Por historia y experiencia, hay tres ejes donde las cooperativas pueden hacer un aporte sustantivo en la gestión sostenible de los recursos: agua, energía y residuos sólidos urbanos.

Las problemáticas ambientales asociadas a estos tres temas no pueden ser resueltas por el mercado, pero tampoco pueden prescindir de la iniciativa autónoma de la sociedad civil.

Las cooperativas pueden completar este rompecabezas sumando iniciativa autónoma de la sociedad civil en forma de empresas cooperativas como complemento de la gestión de los Estados.

El 22 de marzo el mundo ha celebrado el Día Internacional del Agua, instituido desde 1993 por Naciones Unidas como día de reflexión global sobre este recurso indispensable, escaso e inequitativamente distribuido.

Probablemente sea el recurso más asociado al desarrollo ambientalmente sostenible: es el soporte de todos los sistemas biológicos, su manejo para el riego y el consumo ha sido central en la historia de la civilización y hoy se encuentra en la encrucijada entre el desarrollo y el ambiente.

 

2.1. Agua y cooperativas: en la encrucijada entre lo global y lo local

En un reciente estudio del Banco Mundial[7] se afirma que, debido a los efectos combinados del crecimiento de la población, el aumento de los ingresos y la expansión de las ciudades, la demanda de agua registrará un crecimiento exponencial en un contexto en el que el suministro se torna más errático e incierto.

En el informe también se advierte que la menor disponibilidad de agua dulce y la competencia que generan otros usos —como la energía y la agricultura— podrían llevar a que para 2050 la disponibilidad del agua en las ciudades se reduzca en casi dos tercios respecto de los niveles de 2015.

Se agrega que la inseguridad hídrica podría multiplicar el riesgo de conflictos. Las subas abruptas del precio de los alimentos provocadas por las sequías podrían avivar conflictos latentes y provocar migraciones. Cuando el crecimiento económico se ve afectado por las lluvias, los episodios de sequías e inundaciones generan olas de migraciones y brotes de violencia dentro de los países.

Muchas regiones del mundo se encuentran en lo que se denomina “estrés hídrico” debido al crecimiento demográfico y económico. De hecho, 2.500 millones de personas (36% de la población mundial) viven en zonas bajo “estrés hídrico” y más del 20% del PIB global ya se produce en zonas de riesgo de escasez de agua.

¿Tiene algo para ofrecer el cooperativismo en esta encrucijada? Creemos que sí: la participación y el empoderamiento de la comunidad respecto al acceso al agua y al saneamiento, a partir de la autogestión del servicio por la propia comunidad.

El acceso al agua está atravesado por múltiples conflictos: entre usos (riego, agua potable, minería, etc.), entre usuarios (regantes de una misma cuenca, barrios céntricos respecto a las zonas urbanas periféricas), con no usuarios (deforestaciones o construcciones que afectan la capacidad natural para brindar agua), intergeneracionales (tensiones entre las necesidades y preferencias actuales y el derecho de las generaciones futuras) e interjurisdiccionales (cuando la cuenca hídrica depende de distintas jurisdicciones).

Por ello se ha dicho que la gestión del agua es una gestión de conflictos. Y la resolución de conflictos es una cuestión de poder: si queremos que se resuelva con la inclusión de todos (“que nadie quede atrás”, en términos de los ODS) entonces es necesario garantizar la participación efectiva de todos.

Y la mejor forma de hacerlo es que la participación no se limite a convocatorias esporádicas para legitimar decisiones ya tomadas, por lo contrario, que sean los propios usuarios los que gestionen los servicios de agua potable y saneamiento. Esa es la propuesta cooperativa.

En el mundo hay una larga tradición de cooperativas y otras organizaciones comunitarias de servicios de agua potable y saneamiento (OCSAS). Es una rica experiencia que debe ser potenciada y ampliada en beneficios de la equidad, la integración territorial y la protección el ambiente. Solo en Latinoamérica y el Caribe existen aproximadamente 70.000 OCSAS.

Dentro de este amplio universo de experiencias autogestivas, se pueden encontrar cooperativas en tres estadios de desarrollo.

En el primero están aquellas que logran la provisión del servicio a partir de la organización de la comunidad con criterios de ayuda mutua.

Ante la falta de un servicio adecuado la comunidad se hace cargo, por ejemplo, de la perforación del pozo, de construir la red de distribución de agua potable, de construir luego las cloacas y la planta de depuración, para luego administrar todas estas instalaciones, financiándose con una tasa que cobra a sus asociados/usuarios y habitualmente con asistencia financiera del Estado en tanto responsable del derecho al acceso al agua.

En un segundo estadio, a partir del aprendizaje que ha hecho la comunidad, la cooperativa comienza a tomar un rol activo en todos aquellos temas que tienen que ver con la sostenibilidad del servicio y del ambiente.

Temas como la reducción de las pérdidas, el uso responsable del agua domiciliaria, la contaminación de las napas o de los cauces por la actividad productiva, pasan a formar parte del interés y acción de las organizaciones cooperativas.

En este punto la cooperativa ha dejado de ser simplemente la entidad o empresa que provee un servicio a partir de la ayuda mutua, para ser un canal de participación en el que la comunidad discute y promueve el tipo de desarrollo que pretende en su territorio.

En un tercer estadio, la cooperativa se asume como parte de una cuenca hídrica y participa de su gestión integral en representación de sus asociados, procurando que se contemplen los intereses de corto y largo plazo de su comunidad.

Por supuesto muchas no pasan del primer estadio, y pocas logran alcanzar el tercero, porque sencillamente no existe un sistema integrado de gestión de la cuenca, y/o por que no cuentan con la escala económica suficiente como para actuar en dicho ámbito.

Las cooperativas de servicios de agua y saneamiento enfrentan una encrucijada: o se mantienen en el primer estadio de desarrollo o se asumen como plataforma de participación de su comunidad, como parte del desafío global de la gestión sostenible del agua del planeta.

No es sencillo, ni puede ser autónomamente decidido por ninguna organización. Para lograrlo es decisivo el fortalecimiento de la cultura hídrica de la sociedad y el compromiso de los poderes públicos con este objetivo.

Sin embargo –ya sea porque el deterioro ambiental se ha hecho más evidente o como resultado de los esfuerzos que se han realizado desde la educación– cada vez hay mayor preocupación y vocación respecto a la protección del planeta, que pueden y deben ser canalizadas como potencia para la transformación social que exige el desarrollo sostenible.

Para esto es necesario que las cooperativas pongan sus valores y principios en acción. Tienen el gran potencial y atractivo de poder alinear las acciones locales con los objetivos globales,  a partir de la movilización solidaria de la comunidad.

La misma institución que discute cómo hacer llegar agua a un paraje, o cómo resolver los problemas de alcantarillado de un determinado barrio, es la plataforma institucional para que la comunidad participe en el debate de los temas globales y forme parte del mayor desafío de la humanidad: la supervivencia de la civilización como hoy la conocemos frente a los riesgos de la crisis ambiental.

2.2. Energías renovables: hacia un cambio de paradigma, pero con equidad

La producción de energía es el principal contribuyente al cambio climático: representa alrededor del 60% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial.

Enfrentar este desafío es de los más complejos debido a la relación entre energía y distribución del poder económico y político en la planeta: el consumo de energía proveniente de hidrocarburos es uno de los principales sustentos del desarrollo económico global y su producción está liderada por los grupos empresarios más poderosos en alianza con los Estados de las principales potencias. Ello hace, por ejemplo, que el acceso a las fuentes de energía fósil esté estrechamente ligado a la mayoría de los conflictos bélicos contemporáneos.

En los años 90 los biocombustibles parecían ser la respuesta a todo. Nos iban a permitir salir de los hidrocarburos, que son escasos, no renovables y territorialmente concentrados, para pasar a una fuente de energía renovable y territorialmente descentralizada.

Poco tiempo después las luces de alarma se han encendido. De acuerdo a la forma en que se produzca y la distancia entre producción y consumo, la huella de carbono del biocombustible puede ser equivalente o incluso superior a la huella de la energía fósil (por lo que el impacto ambiental es relativo), la producción ha resultado competitiva a los alimentos (lo que provocó el alza de precios con impacto en los índices de pobreza), está asociada a modelos productivos de gran escala en base a organismos genéticamente modificados (propiedad de multinacionales) y ha implicado el desplazamiento de otros modelos productivos y la reducción de zonas boscosas, con impacto directo en la biodiversidad y en las condiciones ambientales generales.

Esto no implica cuestionar una propuesta tecnológica específica, pero es necesario preguntarnos quién y cómo debe llevar adelante los procesos de innovación tecnológica: la estrategia de los biocombustibles hoy está más asociada al desarrollo de un negocio para la economía concentrada –confluente con el interés geopolítico de preservar las reservas conocidas de hidrocarburos– que a la protección del ambiente o la democratización del poder económico asociado a la energía.

En forma similar, hoy están en auge el desarrollo de proyectos de energía eólica y energía solar, pero los modelos de incorporación de estas tecnologías también siguen mayoritariamente la lógica del negocio por sobre la lógica del servicio[8].

El interrogante es si estas tecnologías de mucha mayor dispersión territorial serán una oportunidad para avanzar en la construcción de redes colaborativas subordinadas al interés de la comunidad e inscriptas en una lógica de desarrollo local sostenible.

En el cooperativismo hay importantes experiencias que deben servir para construir esta oportunidad.

En Estados Unidos existen 943 cooperativas que distribuyen el 13% del consumo, poseen el 42% de las redes de distribución, y cubren el 70% del territorio nacional. Se trata de las cooperativas de electrificación rural, cuyas primeras experiencias se remontan a 1937.

En forma paralela se desarrolló en Argentina, desde 1926, un proceso similar, con más de 600 cooperativas de servicios eléctricos, que proveen el 70% de la electrificación rural, y están presentes en ciudades de tamaño pequeño y medio de todo el territorio nacional. Existen provincias donde el 100% de la distribución eléctrica es cooperativa, y donde incluso las cooperativas han sido anteriores a la conformación política de dichas provincias.

Las cooperativas eléctricas en Argentina fueron pioneras en la generación de energía eólica, a mediados de la década del 90. Las dificultades para la consolidación de este proceso han estado íntimamente ligadas a marcos regulatorios que terminaron favoreciendo una matriz basada en grandes productores concentrados por sobre la movilización y aprovechamiento de los recursos locales renovables. De todas maneras se siguen impulsando proyectos en este sentido, como por ejemplo el de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, Tierra del Fuego, que de avanzar se convertiría en el parque eólico más austral del planeta.

Otras cooperativas ya están avanzando en esquemas de producción distribuida de energía. La Cooperativa de Armstrong, también en Argentina, conjuntamente con instituciones universitarias y de transferencia de la tecnología, está impulsado el proyecto Redes Inteligentes con Energías Renovables, que incluye la instalación de sistemas de baja potencia (solares fotovoltaicos y aerogeneradores) en distintos desplazamientos residenciales urbanos y espacios públicos.

El modelo de las cooperativas eléctricas, donde la gestión del servicio está a cargo de los propios usuarios, se ha expandido a otros lugares del planeta -a menudo gracias a la  cooperación de cooperativas de Estados Unidos- en países como Bangladesh y Filipinas (con más de 11 millones de conexiones cada uno), Etiopía, Tanzania, Uganda, Ghana, Liberia, Sierra Leona, entre otras.

En el continente americano también se destaca la experiencia en Bolivia, donde la CRE (Cooperativa de Electrificación Rural), fundada en 1970, cuenta con  611 mil consumidores y distribuye energía eléctrica a más de dos millones de habitantes, representando 35% del mercado nacional.

Junto a estas experiencias de larga data, hoy encontramos nuevas iniciativas estrictamente vinculadas a la promoción de la energía renovable.

En el año 2010 se constituyó Som Energía, una cooperativa española sustentada en la organización de grupos de voluntariado que se encargan de promover los valores de las cooperativas, de informar sobre el actual modelo energético y de impulsar una  rápida transición energética sustentada en la participación del tejido asociativo del territorio. Hoy están desarrollando el novedoso proyecto “Generation kWh”, que busca promover inversiones en energía renovable, basadas en un retorno energético en vez de financiero.

De este modo, por ejemplo, han construido una planta solar de 2 millones de euros en Alcolea del Río (Sevilla), para autoproducir anualmente y de forma colectiva 3,4 millones de kWh de energía verde.

En otros casos confluye el trabajo articulado de cooperativas de usuarios de electricidad con cooperativas de productores agropecuarios. Por ejemplo Huinca Bio, una sociedad integrada por la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y la Cooperativa de Electricidad Huinca Renancó, en Argentina.

La iniciativa es pionera en la producción de energía eléctrica, térmica, y de biofertilizantes (sólidos y líquidos) de alto valor agronómico. Genera biogás a partir de la degradación anaeróbica de residuos urbanos y de silaje de sorgo.

Todas estas experiencias muestran el camino para impulsar un proceso de democratización en las decisiones de inversión asociadas a la energía, procurando que los usuarios de cada comunidad tengan la voz principal a la hora de decidir cuáles son las fuentes de energía que pretendemos e incluso cuál es el volumen del consumo de energía que asumimos como ambientalmente sustentable en cada ecosistema.

Esto será relevante en el medida de que esta acción avance en estrecho diálogo con el Estado, muy particularmente con aquellas instancias más cercanas al territorio, como los municipios.

Recientemente el Municipio de Cádiz ha dado un ejemplo en este sentido. Ha decidido que la Compañía Eléctrica de Cádiz, cuyo capital accionario pertenece mayoritariamente al municipio, compre en el mercado y entregue a sus clientes sólo energía renovable. La medida fue dispuesta por la Mesa de Transición Energética, formada por vecinos, organizaciones sociales y el gobierno del ayuntamiento. El plan siguiente es que la comunidad de Cádiz comience a producir su propia energía renovable para no depender del mercado energético.

En conclusión, es necesario interpelar al modelo energético basado en hidrocarburos y controlado por el poder económico concentrado, pero para esto no basta con apostar a las energías renovables. Hay que salir de la lógica del negocio para ir a la lógica del servicio, a partir del protagonismo de la sociedad civil de cada territorio.

Las cooperativas eléctricas de mayor tradición, las nuevas iniciativas estrictamente vinculadas al consumo de energía renovable, junto a todas las iniciativas de carácter comunitario y municipal, deben desarrollar una estrategia común para que la ampliación de la producción y consumo de energías limpias y renovables esté asociada a un proceso de democratización del poder económico.

2.3. Reciclado: nuevos empleos para el desarrollo sostenible

Los volúmenes y peligrosidad de los residuos han ido aumentando exponencialmente de la mano de los procesos de urbanización, de la expansión del consumismo y del aumento del contenido tecnológico en la matriz de consumo.

Enfrentar exitosamente este desafío exige una fuerte cultura cooperativa: un ambiente social que promueva y facilite el compromiso de la comunidad.

La compleja articulación desde la generación del residuo hasta su reciclado y reinserción en el sistema productivo no será resultado de una gestión burocrática central ni de las relaciones de mercado. Será producto de la responsabilidad social y la cooperación, en un marco regulatorio que priorice la intervención de la comunidad y aproveche el valor económico del reciclado, pero siempre recordando que el principal valor, la protección del ambiente, no se refleja en ninguna relación mercantil.

Y si lo que deben prevalecer son las relaciones de cooperación, la gestión de residuos resulta un ámbito paradigmático para que las empresas cooperativas desarrollen todo su potencial.

Hay muchas experiencias en el mundo: cooperativas de servicios públicos que incorporan el reciclado de residuos sólidos urbanos como una nueva actividad, cooperativas agropecuarias que asumen esta responsabilidad para evitar la contaminación en zonas de producción, cooperativas de trabajo que brindan servicios de recolección, clasificación y reciclado, etc.

Hay un enorme espacio para diseñar distintas alternativas de gestión, y el cooperativismo está demostrando su gran capacidad innovadora en este terreno.

Pero hay un aspecto donde están demostrando que pueden hacer un aporte especialmente significativo: el reciclado como oportunidad de trabajo decente.

El reciclado de residuos, en especial en los grandes centros urbanos de los países menos desarrollados, a menudo fue o es un botín en disputa entre las grandes empresas de recolección, sin protocolos de clasificación ni de reducción, y personas en situación de pobreza que encontraron en los residuos una posibilidad de supervivencia, insertándose en circuitos informales de reciclado.

A partir de este conflicto, donde se cruzan intereses económicos y donde se evidencia con crudeza la situación social de personas en condiciones de vulnerabilidad, el cooperativismo está teniendo un rol decisivo.

Con el acompañamiento de políticas públicas (o pese a ellas) los recolectores y recicladores informales han comenzado a organizarse en cooperativas de trabajo, en el marco de las cuales mejoran sus condiciones de negociación con el resto de los actores (compradores de materiales reciclados, autoridades, grandes generadores de residuos y comunidad en general) y logran avanzar sustancialmente en la mejora de sus condiciones de trabajo,  aportado además una visión participativa y socialmente comprometida.

En Argentina una experiencia paradigmática es la Cooperativa Creando Conciencia, en la localidad de Tigre, parte del área metropolitana de Buenos Aires.

Se constituyó en el año 2005 para enfrentar el doble objetivo de reciclar residuos sólidos urbanos y de dar respuestas a las necesidades sociales de los recuperadores urbanos, procurando la implementación de alternativas con responsabilidad social y sostenibilidad.

Como su razón social lo indica, la estrategia de la cooperativa incluye una tarea de concientización en la comunidad, de modo que cada vecino sepa que al colaborar con el reciclado está defendiendo el ambiente y está apostando por una empresa que dignifica el trabajo de sus asociados trabajadores.

Sus tareas operativas son la recolección de residuos separados en origen y su clasificación y venta en forma directa, o en forma manufacturada, por ejemplo para la construcción de equipamiento urbano. Brindan el servicio domiciliario en barrios y trabajan también con grandes generadores, como supermercados e industrias.

Este es sólo un ejemplo de cientos que se han afianzado en la última década, y que hoy están en proceso de conformación de redes que facilitan la replicación de la experiencia en distintas localidades.

Se trata de experiencias sumamente dinámicas, que articulan con múltiples iniciativas de la sociedad civil, como organizaciones no gubernamentales ambientalistas y entidades educativas.

El cruce entre desigualdad social y protección del ambiente fue muy proclive a la generación de este tipo de iniciativas en todo el continente latinoamericano. La primera cooperativa de recicladores en Brasil fue la Cooperativa dos Catadores de Papel, Aparas e Materiais Reaproveitáveis (Coopamare), fundada en 1989 en el municipio de São Paulo, y del 2006 data la Red de Economía Popular y Solidaria Cataunidos, una red de emprendimientos asociativos de recicladores de todo el país.

Emergente de estos procesos son los diferentes Congresos Latinoamericanos de Recicladores, de los que han surgido declaraciones y propuestas para dignificar su trabajo a partir de su reconocimiento legal y de su organización, como por ejemplo la Declaración de Bogotá, que expresa el compromiso para “propender por el avance de los recicladores y sus organizaciones en la cadena  de valor, para que posibilite el acceso y disfrute de la renta que genera la actividad”[9].

El reciclado es un nuevo desafío para la humanidad, y debemos discutir cómo organizaremos esta tarea. Las cooperativas tenemos una respuesta para defender el planeta y promover el progreso de los trabajadores más vulnerables: el trabajo autogestionado y comprometido con la comunidad.

  1. Construir y convocar a una agenda cooperativa para la protección del planeta

Hay consenso sobre la imperiosa necesidad de proteger al planeta. Nosotros agregamos: hay que protegerlo del sistema económico, hoy hegemonizado por el capital financiero, que sostiene y promueve modos de producción y consumo no sostenibles.

Como afirmamos en ocasión del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible organizado por la ONU en julio de 2016, cuando coincidiendo con el día del Cooperativismo nos invitaron a discutir nuestro aporte a los ODS: “hace 170 años que venimos construyendo caminos alternativos, porque hace 170 años que los cooperativistas vemos que si no cambiamos la forma de producir, la forma de distribuir, la forma de consumir, vamos camino hacia un mundo que no es sostenible”.

Sin embargo esto aún no está debidamente priorizado por la mayoría de las naciones. Los distintos acuerdos internacionales, incluyendo incluso la Agenda 2030, no dan cuenta de las contradicciones entre el desarrollo sostenible y el comportamiento esperable de los agentes económicos más concentrados. Continúa prevaleciendo una visión ingenua, resignada o interesada, de que se pueden revertir o reducir daños sin necesidad de interpelar al poder económico.

Por lo contrario, en la encíclica Laudato Si´, significativamente subtitulada “Sobre la Casa Común”, el Papa Francisco se pregunta y se contesta: “¿Es realista esperar que quien se obsesiona por el máximo beneficio se detenga a pensar en los efectos ambientales que dejará a las próximas generaciones? Dentro del esquema del rédito no hay lugar para pensar en los ritmos de la naturaleza, en sus tiempos de degradación y de regeneración, y en la complejidad de los ecosistemas, que pueden ser gravemente alterados por la intervención humana. Para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos cambiar el modelo de desarrollo global lo cual implica reflexionar responsablemente sobre el sentido de la economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y distorsiones”.

“No basta conciliar, en un término medio, el cuidado de la naturaleza con la renta financiera, o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema los términos medios son sólo una pequeña demora en el derrumbe. Simplemente se trata de redefinir el progreso. Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso”.

El desafío es mostrar que las cooperativas son el modelo para cambiar la concepción del progreso y así defender el planeta del modelo que provoca su degradación. Que son capaces de poner en acción sus principios para impulsar la transformación social que requiere el desarrollo sostenible.

Defender el planeta requiere tener el valor de denunciar el origen de la degradación del ambiente y la inteligencia de mostrar caminos alternativos. Y las cooperativas pueden hacer ambas cosas.

Pueden convocar con entusiasmo a impulsar la organización empresaria de consumidores y usuarios para promover otra forma de consumo, a construir un sistema de innovación al servicio del desarrollo sostenible, a incorporar las buenas prácticas de protección del ambiente en cada puesto de trabajo, a participar desde la gestión del agua en la construcción de sistemas sustentables de gestión de las cuencas hídricas, a construir una nueva matriz de energía renovable bajo el control de la comunidad y a movilizar el trabajo local al servicio del reciclado de los residuos.

Estas deben ser las bases de nuestro trabajo en la defensa del planeta, un trabajo que requiere comprometer el esfuerzo local con los intereses globales, y que para ello necesita convocar a todas las mujeres y hombres que creen que otro mundo es posible y que están dispuestos a sumarse a un movimiento que ha hecho de la innovación y de la democracia económica siempre sus banderas.

No llegamos aquí producto de una catástrofe imprevisible. Y no saldremos de la mano del mismo modelo que nos trajo. Las cooperativas debemos y podemos contribuir en una agenda para la defensa de nuestro planeta.

Dr. Ariel Enrique Guarco
                                                                                                                Presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR)
Abril 2017


[1] Papa Francisco, Encíclica Laudato Si´, 2015

[2] Asamblea General de las Naciones Unidas: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, septiembre 2015. http://www.onu.org.ar/wp-content/uploads/12agostoODS2030.pdf

[3] Cooperar: “La democratización de la economía es condición para el desarrollo sostenible” Documento presentado en la IV Cumbre de las Américas. Montevideo, 2016

[4] Cooperar: “Expandir el cooperativismo debe ser parte de la estrategia para el cumplimiento de los ODS”. Documento presentado en la IV Cumbre Cooperativas de las Américas. Montevideo, 2016

[5] ACI, OIT. “Cooperatives and the Sustainable Development Goals, A contribution to post-2015 Development Debate”. Abril 2014

[6] Esto exige, en primer lugar, asumir la protección del planeta como parte de nuestros esfuerzos en educación cooperativa. Es necesario incorporar a las tareas de educación cooperativa, tanto interna como externa, la temática de la protección del ambiente como parte constitutiva y principal del séptimo principio. Tarea este que sería más evidente si se incorporara un octavo principio vinculado al tema ambiental, como fuese propuesto por Cooperativas de las Américas sin éxito.

[7] High and Dry: Climate Change, Water and the Economy (Situación crítica: El cambio climático, el agua y la economía), Mayo 2016,  http://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/high-and-dry-climate-change-water-and-the-economy

[8] En Argentina el 92% de los proyectos que han aprovechado el programa nacional de promoción de la energía renovable son empresas extranjeras, a las que se les ha ofrecido un esquema de negocios que garantiza su rentabilidad e implica un costo superior al de fuentes alternativas, usando tecnología que no tiene ninguna articulación con el sistema de innovación nacional ni con los actores sociales del propio territorio donde se implantan https://www.pagina12.com.ar/30093-el-costo-real-de-la-energia-renovable

[9] http://www.mncr.org.br/noticias/noticias-regionais/carta-de-bogota-declaracao-final-do-3o-congresso-latino-americano